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Consecuencias sociales
A mediados de los años setenta, se impuso en el país uno de los golpes de estado más desafortunados, no solo por su carácter autoritario, sino, también, por el cambio en la política socio-económica que este impuso. Con la apertura del libre mercado internacional, se comienza con una economía multinacional y con los negocios financieros. Se critica fuertemente al Estado de Bienestar por su alto aparato burocrático; esto, sumado a un gran endeudamiento de la nación y la pérdida de autonomía de las instituciones, abre la puerta de entrada a los organismos internacionales (como por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional), los que, desde entonces, señalan las prioridades en los problemas internos y participan en la toma de decisiones. Los trabajadores ya no encuentran el amparo en los gremios, el gobierno comienza una forma sistemática de terrorismo de estado, estas dos cosas sumadas dan lugar a la rebaja de sueldos como consecuencia de que los empleados no se quejaran por miedo a perder el empleo o a «desaparecer». Se planta, de esta manera, la semilla del Neoliberalismo.
La informalización del empleo es el primer signo del cambio socio-económico; más allá de lo que el gobierno quería mostrar a través de su discurso autoritario, la desigualdad en la Argentina comienza a aumentar y es notoria debido al acrecentamiento del número de personas a las que no les quedaba otra opción que ir a vivir a las villas de emergencia. Estas, que en su comienzo habían sido creadas para albergar a los trabajadores en lugares cercanos a las fábricas y al puerto, se convierten en la vivienda de los desempleados, así como, también, es notable el crecimiento del número de estos asentamientos, con la diferencia de que en los nuevos, las construcciones son cada vez más precarias. Durante el gobierno de facto, comienza, como otro signo del neoliberalismo, la recuperación de esos terrenos que habían sido otorgados por el Estado a los trabajadores.
En el año 1983, al restablecerse la democracia, se creyó que la crisis acarreada por el gobierno militar era transitoria, pero, en realidad, era solo el comienzo. Para fines de la década del ochenta, el producto interno cae bruscamente, y el 40 % de la población se encuentra por debajo de la línea de la pobreza, hay una altísima inflación y un descreimiento en las instituciones, esto culmina con los sectores pobres saqueando supermercados durante la crisis alimentaria.
La situación vivida durante esas dos décadas conduce a que el sistema aferre sus garras y, por otro lado, favorece, en 1989, al éxito de Carlos Menem en las elecciones, período que se constituirá como ícono del Neoliberalismo. Es en este momento histórico que se termina de desarmar lo que quedaba del Estado de Bienestar, debido a que se lo culpa por sus malas inversiones en cuestiones sociales y de protección al trabajador, se pone la mira en la hiperinflación y en las empresas del Estado, tales como las de electricidad, teléfonos, transporte, etc.
Como parte de la política neoliberal, se comienza a desechar todo lo hecho por los gobiernos anteriores, y es así como se derrumba un símbolo de la Argentina: el albergue Warnes, cuyo objetivo original de su construcción había sido la creación de un hospital público, pero que el abandono de la obra llevó a que fuera ocupado por gente indigente. También es el momento del auge de los grandes monopolios de medios de comunicación, ya que se elimina la ley que prohíbe que una misma persona o grupo sea dueño de diarios, canales televisivos y radios.
Se dolariza la moneda, es decir, surge un falso oasis: el uno a uno; se reducen altamente los impuestos a las importaciones. Estos dos factores llevan al cierre de fábricas como consecuencia de que los costos de fabricación son muchos más altos que los productos importados. Por otro lado, se firma la ley de flexibilización laboral, con la que se propone la especialización del trabajo y la capacitación de los empleados, pero el hecho real es que no se dice que la ley esconde la ruptura de toda protección del trabajador por medio de la modificación, simultáneamente, de la ley de contrato laboral. De esta manera, se logra aumentar nuevamente la cantidad de familias que quedan en situación de pobreza, la desocupación se duplica durante los diez años del gobierno menemista: en 1989 era de un 7,1% y para fines de los noventa, del 14.5%. No es casual que hayan aumentado los colegios y facultades privadas, así como las empresas de salud prepaga, ya que la gente no le confía al Estado su educación ni su salud. Otra cuestión en alza es la inseguridad: los índices de delitos crecen y se genera el miedo en la población, hecho en el que participan ampliamente los medios de comunicación, lo que conduce a un fuerte aumento de xenofobia, primero hacia los extranjeros que vienen a trabajar –personas que llegan desde Bolivia o Paraguay donde, hasta ese momento, la situación era peor que la de nuestro país–. Posteriormente, este racismo instaurado en gran parte de la población cambia su objetivo: ya no son los de afuera, sino los que viven en las villas.
Así queda abiertamente aceptado que los que están en las villas son drogadictos o delincuentes, y de esta manera, poco a poco son excluidos, marginados, de la sociedad debido a que comienzan a ser tratados como ciudadanos de segunda, para darles este nombre de excluidos nos basaremos en las palabras de Robert Castel:
«Observamos […] la multiplicación de categorías de la población que sufren un déficit de integración con respecto al trabajo, a la vivienda, a la educación, a la cultura, etc., y sobre las cuales podemos decir que están amenazadas de exclusión» (Castel, Robert. Las trampas de la exclusión: trabajo y utilidad social. Colección Fichas del siglo xxi. Topia, Buenos Aires, p. 34. )
Castel sostiene que una de las formas de exclusión es aquella que se presenta cuando un ciudadano es tomado como de segunda y este hecho es avalado legal y socialmente; en otras palabras, cuando se legaliza la discriminación por algún motivo. El germen que se observa en la Argentina es la pobreza, vivir en lugares de riesgo. Podemos decir que la gente que vive en estas villas de emergencia son excluidas, sobre todo, las generaciones que crecieron en ese lugar, porque la anterior, que había perdido su empleo, podía, hasta cierto momento, recuperarlo (o al menos se tenía esa idea), mientras que los niños nacidos en esos lugares no tienen la oportunidad de acceder, siquiera, a la educación pública, como tampoco los adultos, al trabajo, ya que cuando mencionan el lugar en donde viven, no son admitidos. Claramente, se nota la exclusión, porque no hay posibilidad de reinserción en la sociedad, ya que el Estado no les provee herramientas para estudiar, ni para trabajar.
Para contrarrestar la falta de iniciativa del Estado, a comienzos del año 2000, nacen las Organizaciones no Gubernamentales (ONGs) con el fin de cubrir los problemas sociales que se estaban intensificando en el país, tratando de cubrir, además, pilares tales como la educación, el trabajo, la ecología, etc. Otro importante surgimiento suscitado durante los primeros años de esta década, es la de las cooperativas, sobre todo las que surgen como recuperación de fabricas cerradas, este revolucionario fenómeno es el que producen los trabajadores que se hacen cargo de lugares que presentaron quiebra, y en los que ellos eran obreros u operarios: las ganancias son repartidas entre cada integrante de la cooperativa.
En el año 2001, se desencadena uno de los estallidos sociales más importantes de la Argentina, dentro de un gobierno democrático; el pueblo sale a la calle debido al hartazgo popular provocado por la falta de interés del Estado por los problemas a nivel seguridad, trabajo y educación. Por primera vez en la Plaza de Mayo se juntan todas las clases sociales, y la consigna era precisa y directa: «Qué se vayan todos», la realidad era que se pedía el retiro de todo político, lo cual era la solución más rápida, puesto que el Neoliberalismo seguiría funcionando, ya que no se pedía sentarse a hablar para buscar soluciones, sino que se fueran todos. Esta movilización terminó con una fuerte represión por parte del Estado en la que murieron cuatro manifestantes.
A partir del 2002, el gobierno de turno retoma el asistencialismo que había tenido lugar en la década del ochenta, en ese momento se creó el Plan Alimentario Nacional, este plan consistía la entrega de una canasta de alimentos a hogares que presentaban problemas alimentarios. El nuevo método de asistencia del estado se produce a través de los Planes Trabajar, que exigían ciertos requisitos para recibir ciento cincuenta pesos mensuales sin tener que hacer nada. Este plan fue creado como respuesta a la nueva forma de protesta, el piquete, que es el corte de rutas o calles por parte de movimientos de desocupados, esta forma de protesta crecerá hasta la actualidad, inclusive los sectores oligárquicos que se quejaban por estos cortes y pedían mano dura, utilizarán esa medida en apoyo a una protesta del campo. Las estadísticas muestran que se reduce la desocupación, por un lado, es cierto que muchas fábricas volvieron a abrir sus puertas por el sistema de cooperativas que explicamos anteriormente, pero, por otro lado, también se considera como trabajo, a cualquier cosa que se haga cambio de un poco de dinero (changas); así como también, entra en esa categoría «el empleo en auge en esta década»: cartonear; que no es otra cosa que revolver la basura que desechan unos para poder juntar lo que sea cartón, plástico o metal, para, posteriormente, venderlo. Hoy, esta realidad sigue vigente: se sigue sin una estructura para reinsertar a los pobres al sistema, sin educación ni trabajo.
continua...
